Investigaciones penales
Validez de las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente
Tres personas fueron acusadas de planificar y cometer varios robos con fuerza en viviendas habitadas y, además, de conspirar para cometer una detención ilegal. Para investigarlo, la policía y el juzgado usaron varias herramientas como las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, vigilancias, inspecciones oculares, recuperación de objetos robados y pruebas periciales.
Las defensas intentaron tirar abajo el caso diciendo, en resumen, que muchas pruebas eran “nulas” o poco fiables ya que las conversaciones telefónicas eran ambiguas, que no había huellas o ADN en algunos puntos, que la geolocalización no era exacta (por depender de un repetidor), que el atestado tenía irregularidades y que había explicaciones alternativas para hechos clave, como el supuesto seguimiento de la víctima mediante una baliza GPS o la supuesta conspiración para una detención ilegal.
El Tribunal Supremo (TS) rechaza estas quejas y confirma la condena. Según el TS, cuando se autorizaron las escuchas había indicios objetivos y fundados (no era una investigación “prospectiva”, es decir, no se empezó a espiar a gente sin base, para ver si aparecía algo). La Sala subraya que todo arrancó por un delito grave y con una base indiciaria plural (por ejemplo, declaraciones de víctimas, videovigilancia e identificación de un vehículo y sospechosos). A partir de ahí, la investigación se fue ampliando de forma progresiva, pero siempre con nuevas autorizaciones judiciales para otros terminales, así que no ve vulneración de garantías.
Sobre la conspiración para detención ilegal, el TS dice que no se sostiene solo en el GPS ya que cuenta un conjunto de indicios (conversaciones sobre el dispositivo, bridas/batería, vigilancias, hallazgos en registros, intentos de alquilar una plaza de garaje donde vivía la víctima, etc.) e incluso una pericial biológica que vincula a uno de los acusados con una brida del GPS. En conclusión, el TS considera válida la investigación y suficiente la valoración conjunta de las pruebas para condenar.
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Delitos de apropiación indebida y estafa
Apropiación de cantidades entregadas para finalizar una promoción de viviendas El caso gira en torno a una promoción inmobiliaria en Riogordo (Málaga), de 20 viviendas, gestionada por una sociedad promotora. En una primera etapa, dos personas figuraban como administradores solidarios (aunque uno de ellos llevaba la gestión diaria). Entre 2008 y 2009 se vendieron varias viviendas y los compradores entregaron cantidades a cuenta. A algunos incluso se les dieron las llaves, pese a que la obra no estaba realmente finalizada (se hablaba de un 90%), no se llegó a otorgar escritura y la constructora acabó abandonando por impagos. El resultado fue que los compradores se encontraban viviendo en casas sin escrituras y sin una situación clara en el Registro. Tiempo después, esos administradores vendieron sus participaciones y entró un tercer responsable como administrador único. Este nuevo administrador conocía el problema previo, pero aun así pidió a algunos compradores dinero adicional (por ejemplo, 8.000 euros) con el argumento de que era para terminar la promoción. Lo relevante es que ese dinero no se destinó a lo prometido ni se devolvió. Además, entre 2010 y 2011 se produjeron nuevas ventas de viviendas en condiciones similares, y más tarde se vendió el conjunto de las 20 viviendas a otra empresa, generando un conflicto serio entre quienes habían comprado antes y quienes aparecían después como titulares. La Audiencia Provincial absolvió a los dos primeros administradores (no se probó que hubieran desviado el dinero), pero condenó al último por apropiación indebida agravada y por estafa. El Tribunal Supremo (TS) confirmó la condena y rechazó el recurso ya que no aceptó reabrir la valoración de la prueba y consideró correcta la denegación de nueva documentación porque se refería a hechos posteriores y no era pertinente para lo juzgado.
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Derecho de la Unión
El TJUE avala la Ley de amnistía para la normalización de la situación en Cataluña
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Violencia de género
Detención ilegal y tentativa de homicidio
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